DNI Salta.- Atta Gerala se ha consolidado como una figura representativa de la política en el departamento Rivadavia, en Salta, ostentando una larga trayectoria como intendente de Coronel Juan Solá, conocido como Morillo, en Rivadavia Banda Norte. Su gestión actual comenzó en 2015 y se extiende hasta la fecha, sumando al menos 24 años en total en el cargo, con un intervalo entre 2011 y 2015, cuando perdió las elecciones frente a Marcela Carabajal y ocupó una banca en la legislatura provincial.
Desde sus inicios como comerciante en la región durante la última dictadura militar, Gerala asumió la dirección del municipio, marcando el inicio de una carrera política que se entrelazó con momentos oscuros de la historia argentina. Su nombre fue mencionado en expedientes judiciales relacionados con violaciones a los derechos humanos, específicamente en la causa del secuestro y homicidio del comerciante y militante Fidel Yazlle, donde fue citado en testimonios por su cercanía a figuras clave del caso.
El liderazgo de Gerala no estuvo exento de controversias. Durante sus años al frente del municipio y bajo la bandera democrática, se acumularon en su contra denuncias que van desde el trabajo esclavo en fincas donde laboraban comunidades indígenas, hasta acusaciones de extorsión a los residentes y malversación de fondos públicos. En 2016, fue procesado por el delito de peculado, luego de una denuncia presentada en 2011 por su competidora Marcela Carabajal. El proceso judicial avanzó y, en 2019, la causa fue elevada a juicio en la Sala I del Tribunal de Juicio de Tartagal.
El peculado, definido como la apropiación indebida de recursos públicos por parte de un funcionario, fue un punto clave en la carrera judicial de Gerala. En su defensa, argumentó en 2012 que las acusaciones respondían a motivaciones políticas. A pesar de estos cuestionamientos, logró retomar la intendencia en 2015 tras una ajustada victoria electoral por solo 30 votos.
En noviembre de 2021, un episodio de violencia impactó en la figura de Atta Gerala cuando cinco hombres irrumpieron en su domicilio, lo golpearon y ataron a él y a su pareja, exigiendo la llave de una caja fuerte. El grupo sustrajo 16 millones de pesos, un monto difícil de justificar con el sueldo de un intendente, lo que despertó nuevamente suspicacias sobre sus actividades financieras.
Las investigaciones por el asalto derivaron en 11 allanamientos simultáneos en localidades como Hickman y Fortín Dragones. Las fuerzas de seguridad lograron detener a los miembros de la banda y recuperar una parte del dinero, alrededor de tres millones de pesos. La camioneta robada durante el atraco fue hallada incendiada cerca de Hickman, lo que añadió un elemento de misterio y dejó entrever posibles vínculos con redes delictivas.
A lo largo de su gestión, Gerala enfrentó cuestionamientos constantes y rumores que lo relacionaban con prácticas irregulares. Las sospechas sobre la presencia de mafias en la zona y su posible relación con las mismas incrementaron el escepticismo en torno a su figura y su capacidad de gobernar con transparencia.
En medio de las críticas, la permanencia de Atta Gerala como intendente de uno de los municipios más pobres de Argentina sigue siendo un símbolo de la contradicción entre la duración en el poder y la calidad de gestión. La historia de su liderazgo, marcada por momentos de poder indiscutido y acusaciones graves, continúa siendo objeto de atención en el ámbito político y judicial de Salta.
La figura de Atta Gerala representa un ejemplo complejo de la política local, entrelazando permanencia, poder y polémicas. Las circunstancias que rodearon su extensa carrera siguen desatando debates sobre el ejercicio de cargos públicos en zonas vulnerables y la rendición de cuentas de sus líderes.
