DNI Salta.- A pesar del rechazo del oficialismo, la oposición en la Cámara de Diputados logró dar media sanción a un proyecto que busca garantizar el financiamiento de las universidades públicas, que enfrentan un significativo recorte en su presupuesto desde la llegada al poder de Javier Milei. La iniciativa, promovida por la UCR, ordena al Poder Ejecutivo que actualice los gastos salariales y de funcionamiento de las universidades cada dos meses, ajustándolos por inflación de manera retroactiva desde enero de este año hasta el 31 de diciembre.
El debate fue complejo pues los bloques llegaron al recinto sin un dictamen acordado. El oficialismo, desde el arranque, anticipó que votaría en contra por el costo fiscal de la iniciativa. El primer dictamen que fue sometido a votación fue el de mayoría, impulsado por Unión por la Patria; el resultado fue negativo: solo obtuvo 90 votos afirmativos frente a 126 negativos.
El dictamen que finalmente prosperó fue el de la UCR, que obtuvo 143 votos positivos frente a 77 negativos y una abstención. Para vencer el rechazo del oficialismo, el kirchnerismo avaló la iniciativa radical, aunque votó en contra del artículo 7 de la iniciativa, que establece los criterios para la distribución entre las universidades públicas de los montos presupuestarios a ser incrementados por la ley, de ser aprobada por el Senado.
El dictamen del radicalismo establecía que el aporte del Estado para las instituciones universitarias se distribuirá en función del número de estudiantes ingresantes y alumnos en cada institución y el tipo de carrera ofrecida (grado y posgrado), las carreras estratégicas, el número de egresados, las áreas de vacancia, los hospitales y/o escuelas secundarias que posean a su cargo y la actividad científica, tecnológica y de extensión que posean. Los diputados de Unión por la Patria, férreos defensores de las universidades de menor envergadura -que fueron de reciente creación, sobre todo en el conurbano bonaerense- votaron en contra.
Ese artículo establecía, también, que la autoridad de aplicación debe disponer mecanismos de seguimiento y evaluación del presupuesto de cada una de las universidades en función de los objetivos y metas acordadas entre el Poder Ejecutivo y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Lo sugestivo es que, en este artículo, coincidieron en su voto de rechazo los bloques de Unión por la Patria y el oficialismo, con sus aliados de Pro.
