DNI Salta.- Una investigación federal destapó un esquema de contrabando millonario en Salvador Mazza, donde una organización logró exportar ilegalmente más de 2,4 millones de dólares en aceite de soja a Bolivia entre 2022 y 2024. El operativo, encabezado por la Dirección General de Aduanas y el Ministerio Público Fiscal de la Nación, terminó con cuatro personas detenidas, incluyendo al presunto jefe de la banda, que intentó asesinar a un comandante de Gendarmería al resistirse al arresto.
El grupo operaba desde una finca conocida como “Don Ramón”, en Salvador Mazza, y conectaba camiones cisterna con mangueras hacia el lado boliviano, en un paso fronterizo informal llamado “El Chorro”. El método permitía el traslado subrepticio de miles de litros de aceite, burlando los controles aduaneros y utilizando documentación falsa emitida por una firma fantasma radicada en Santa Fe.
La maniobra fue desbaratada tras una investigación iniciada en enero por el fiscal general Eduardo Villalba, junto a los fiscales Mariana Gamba Cremaschi y Jorge Viltes Monier, en coordinación con la Unidad de Reunión de Información de Gendarmería Nacional.
Durante el operativo del viernes pasado, dos personas fueron sorprendidas in fraganti mientras realizaban la transferencia del aceite. Otro de los implicados fue arrestado en su domicilio. Pero el momento más tenso ocurrió al intentar detener al cabecilla, identificado como F.S.G., quien abrió fuego con una pistola 9 mm contra un comandante de Gendarmería, hiriéndolo en el antebrazo. El proyectil atravesó su brazo y quedó alojado en el chaleco. Fue rápidamente reducido por sus compañeros.
Además del contrabando, se estima que el perjuicio fiscal por derechos de exportación no pagados supera los 720.000 dólares, sin contar la evasión cambiaria por ingreso de divisas no registradas.
La Justicia imputó a los cuatro detenidos por contrabando agravado, y al jefe también por tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego contra un funcionario público. El juez Gustavo Montoya, de Orán, dictó prisión preventiva para todos y habilitó nuevas medidas investigativas.
Las autoridades no descartan que existan más implicados y se investigan posibles vínculos con redes de tráfico transfronterizo más amplias.
