DNI Salta.- A pocos días de que se cumplan dos años del femicidio de Mercedes Kvedaras —ocurrido el 4 de agosto de 2022 en el barrio El Tipal—, la causa continúa sin una fecha definida para el inicio del juicio oral. José Eduardo «Jota» Figueroa, el único imputado por el crimen, aún no enfrenta el proceso por el cual está acusado, debido a una extensa cadena de recusaciones, excusaciones y exclusiones que han impedido completar el tribunal.
El Poder Judicial de Salta no logra conformar la Sala IV del Tribunal de Juicio del Distrito Centro, asignada por sorteo al caso. Desde abril de este año se completó la audiencia de admisión de pruebas, pero desde entonces se multiplicaron los obstáculos que retrasan el comienzo del debate oral y público.
La conformación original de la Sala IV incluía a las juezas María Cecilia Flores Toranzos, Norma Beatriz Vera y al juez Maximiliano Troyano. Sin embargo, este último se excusó por haber conocido previamente al acusado, excusación que fue aceptada por las partes, excepto —sorpresivamente— por la propia defensa, a cargo del abogado Juan Casabella Dávalos, quien intentó objetarla sin éxito.
El 11 de julio, antes del inicio de la feria judicial, se realizó un primer sorteo para reemplazar a Troyano. La jueza designada fue Mónica Faber, de la Sala V, quien se excusó señalando que en 1986 coincidió en un grupo de estudio con la madre del imputado, cuando este tenía 10 años.
La defensa también solicitó excluir del sorteo a todos los jueces de la Sala VI —Mónica Mukdsi, José Luis Riera y Guillermo Pereyra— por haber sido recusados en otras causas. El pedido fue aceptado, reduciendo aún más las opciones disponibles para integrar el tribunal.
En un segundo sorteo fue seleccionada la jueza Gabriela Romero Nayar (Sala V). Inicialmente no presentó objeciones, pero el defensor Casabella la recusó por haber actuado con “perspectiva de género” en una causa de abuso sexual en 2019. En ese caso, Romero Nayar formó parte de un tribunal que condenó a un joven a seis años de prisión, aunque la sentencia fue posteriormente revocada y el imputado absuelto en una instancia superior.
La jueza Romero Nayar, a pesar de que no existían motivos válidos según el artículo 53 del Código Procesal Penal de Salta —que regula las causas de recusación y excusación—, optó por apartarse para evitar controversias. La fiscal penal Luján Sodero Calvet cuestionó la decisión y presentó un planteo de nulidad al considerar que la excusación no se ajusta a derecho.
La próxima instancia clave será el 28 de julio, fecha en la que se convocó una nueva audiencia para intentar, una vez más, completar la integración del tribunal.
Un proceso marcado por trabas e intentos de dilación
Desde el inicio de la causa, la fiscal Luján Sodero Calvet —a cargo de la Unidad de Femicidios— ha enfrentado reiteradas maniobras de la defensa para demorar el proceso o suavizar las condiciones de detención de Figueroa. En su momento, el defensor solicitó que el imputado cumpliera arresto domiciliario, tras una operación de tobillo. La petición fue rechazada por el juez Ángel Longarte, basándose en informes médicos que indicaron que el postoperatorio podía realizarse sin inconvenientes en la cárcel.
Incluso la audiencia de admisión de pruebas, realizada en abril, se extendió durante varios días pese a que, en condiciones normales, este trámite suele resolverse en pocas horas.
A medida que se acerca un nuevo aniversario del femicidio, la familia de Mercedes y la sociedad salteña continúan esperando justicia. Mientras tanto, el expediente judicial avanza a paso lento, enredado en estrategias dilatorias y una preocupante dificultad del Poder Judicial para garantizar un proceso ágil y eficaz en una causa de alta sensibilidad social.
